El Tribunal Constitucional peruano dejó sin efecto un inciso de un artículo del Código Penal de ese país que penalizaba con entre 25 y 30 años de prisión las relaciones sexuales de adultos con menores, con o sin consentimiento, avalando así las relaciones sexuales con y entre menores de 14 a 18 años, desatando grandes polémicas en la sociedad.
Una abogada de nombre Ana Victoria Suárez, representando a más de 10.000 ciudadanos, había presentado previamente una demanda solicitando la derogación del referido inciso y el fallo, que dice expresamente que "los menores de edad entre 14 y 18 años pueden ostentar el derecho a la libertad sexual como parte de su derecho al libre desarrollo de la personalidad", fue aprobado por cinco votos a favor y dos en contra.
Los detractores de la medida opinan que la misma desprotege completamente a los menores frente a un mayor de edad que genere una situación de dominio y abuso.
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