Una orden judicial que contraviene una sentencia del Tribunal Supremo y prohíbe a una mujer violada abortar de forma legal ha desatado una fuerte polémica política y social en Buenos Aires, Argentina.
De hecho, la operación iba a ser el primer aborto no punible realizado en un hospital público en la capital argentina, pero una ONG logró frenar el primer aborto despenalizado que iba a practicarse a una mujer de 32 años que fue violada durante su secuestro por una red de trata de personas.
La decisión fue anunciada por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada, y contradice la decisión de la legislatura porteña, que aprobó la pasada semana una ley que despenaliza el aborto en casos de violación o riesgo para la salud de la madre.
Pedro Andereguren, abogado de la ONG Pro-Vida, que forzó la decisión judicial, esgrime que "el derecho a la vida del niño no puede estar sujeto a la decisión de la madre, ya que una cosa es la no punibilidad y otra es que tenga derecho a hacerlo".
Asimismo, añade que "no puede pretender paliarse el trauma de la madre con el homicidio del niño", ya que -asegura- "la vida del niño no es menor al dolor de la madre" y "ese niño es persona por nacer”.
El ministro de Sanidad argentino, Juan Manzur, señala que "acá hay una jueza nacional que se ha sublevado, que es la que ha emitido esta medida, desoyendo lo que establece la Corte Suprema de Justicia vinculada a los casos de aborto no punible. Ni la jurisdicción ni la capacidad de resolver este caso puede invocarse al Gobierno nacional", comentó.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, anunció que apelará el fallo a través de su procurador Julio Conte Grand.
Según estadísticas no oficiales, cada año en Argentina se realizan más de 500.000 abortos ilegales. Los partidarios de la legalización de la interrupción del embarazo declaran que, a consecuencia de la prohibición miles de mujeres, sobre todo jóvenes, ponen en riesgo su salud, abortando en condiciones peligrosas.
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