ACTA, EL PADRE DE LA SOPA

El tratado secreto llamado Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, más conocido como ACTA, es ni más ni menos que el padre genético y fuente de inspiración de SOPA y PIPA, recientemente rechazados mundialmente por la comunidad web, y constituye uno de los mayores engaños perpetrados por la Comisión Europea. 

Las negociaciones fueron secretas en la conciencia de que de tomar estado público sus condiciones y exigencias, serían repudiados como lo fueron sus “hijos” norteamericanos. La explicación para la opinión pública del tratado es que el mismo persigue mejorar sustancialmente la competitividad y estimular la creación de nuevos empleos, pero sus verdaderas razones son muy diferentes. 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria de Junio, votará la aprobación del ACTA bajo presión de los grupos de la industria del copyright, y de la Dirección de Comercio Internacional, un sub-organismo de la Comisión Europea, el mismo que se encargó de sumir desde sus inicios al ACTA en el más absoluto oscurantismo, negociádolo fuera de los parlamentos, es decir de la democracia, pero con la intención de ser impuesto a todo el mundo.

La lista de mentiras, engaños y medias verdades es larga y la mayoría ya las hemos posteado en anteriores notas, pero lo cierto es que ACTA puede ser no sólo parecida a SOPA, sinó mucho peor. 

La diferencia más importante es que aún si se aprobara SOPA, el Congreso de los Estados Unidos podría luego enmendarla o incluso derogarla, pero con ACTA, ni los estados miembros de la Unión Europea ni cualquiera de los firmantes del tratado podrían modificar sus leyes de copyright, patentes o derechos de autor, bloqueando cualquier proceso legislativo que modifique sus leyes restrictivas, que convierten a los ciudadanos en delincuentes del Copyright y les aplica penas de cárcel. 

Si finalmente se aprueba ACTA, la industria del entretenimiento podrá presionar libremente a cualquier sector en Internet bajo la amenaza de sanciones penales. 

Los intermediarios (ISP por ejemplo) serán forzados a aplicar esquemas de bloqueo, filtrado de comunicaciones y borrado de contenido automatizados, cercenando las libertades de información y expresión de los usuarios de Internet. 

Esto significará lisa y llanamente un traspaso compulsivo de las funciones de vigilancia desde los cuerpos de seguridad hacia los proveedores de servicio, que serán los responsables de hacer dichas labores. 

Y no solo eso, si no que también deberán ejercer como jueces, obligados a decidir el tipo de sanción que aplicarán a sus propios clientes.